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Por qué perdimos la guerra

La guerra civil española supuso un enfrentamiento sanguinario entre dos ambos históricamente irreconciliables, dos Españas condenadas a una continua lucha por diferentes concepciones de afrontar la política. El conflicto supuso no sólo un punto de inflexión en la historia del país, fruto del cual quizás terminó esa imposible convivencia –primero con la dictadura excluyente, luego con la democracia moderada-, y también muchas de las aspiraciones republicanas y sociales, en una época en que los ciudadanos contaban con un alto nivel de participación política.

Mucho se ha especulado acerca de las causas de aquella derrota trágica en los albores de 1939. Una derrota anunciada que no fue más que el preludio del desmoronamiento definitivo de una izquierda desunida e incapaz de afrontar a los problemas con independencia. Tras la defensa gloriosa de Barcelona en 1936, orquestada principalmente por milicias anarquistas configuradas espontáneamente por la población concienciada y unida, lo que parecía el final no supuso más que el principio de una guerra larga y tortuosa. Rápidamente, el sindicalismo libertario de la época, organizado principalmente por la CNT y la FAI –sindicatos predominantes por entonces- articuló un nuevo orden paralelo al Estado reconocido, organizado por comités y asambleas, en el que todo poder quedaba suspendido indefinidamente. Fueron meses de nuevas experiencias en Cataluña, de colectivizaciones independientes, solidaridad y progreso económico. La primera experiencia anarquista en España estaba resultando todo un éxito, en parte gracias a la concienciación y la voluntad populares.

Sin embargo, un gobierno incapaz, encabezado por políticos inoperantemente pasivos y confiados en cuanto al avance de una guerra que creían prontamente solventada, fraguó una venda ineludible para los intereses de la nación, que se prolongaría durante los tres años de conflicto. Desde un principio, desde los Comités Antifascistas se promovió la necesidad de desarrollar una guerra de guerrillas –de origen incluso nacional- en lugar de una típica ofensiva militar para acabar con el levantamiento, pues los escasos apoyos internacionales a la República, a diferencia de los prestados a las hordas facciosas, convertían la opción de guerra abierta en un auténtico suicidio. Pero el gobierno central, encabezado por Negrín, y presidido por Azaña, no sólo desoyó los consejos de los sindicatos mayoritarios, sino que se entregó decididamente y sin ningún tipo de condiciones a la política estalinista, un ente abstracto dispuesto a influenciar de la forma que fuera en tierras españolas. Así fue como todo el oro de Moscú se marchó hacia Rusia, y como las armas comenzaron a escasear entre las tropas anarquistas, mucho más aguerridas y disciplinadas que el mercenario Ejército de la República.

Juan Negrín buscó en los comisarios soviéticos un escudo en el cual refugiarse durante toda la guerra, y, como consecuencia de ello, la República y sus aliados tuvieron precios considerables a pagar. El comunismo ruso sabía cuán peligrosos eran los anarquistas españoles, partícipes de un movimiento fuerte que, en cualquier momento, podría haber desencadenado una revolución social importante. Dicho y hecho. Andreu Nin fue asesinado por espías rusos. Su partido, el POUM, ilegalizado, y acusado injustamente de fascista. Dichos acontecimientos privaban a los defensores de la legalidad democrática de una gran cantidad de valiosos y valientes hombres. Pero sin duda alguna el acontecimiento que terminó por declinar la guerra fueron los hechos de mayo de 1938.

El gobierno, totalmente entregado a la perversión del estalinismo, no sólo destrozó las colectivizaciones que con tanto éxito se desplegaban los campesinos en los campos agrícolas del Levante español (véase cualquiera de los libros de Joaquín Costa sobre el tema), impulsados por los sindicatos socialistas y anarquistas, sino que comenzaron una batalla decisiva en el curso de la guerra a mediados del 38. La policía republicana asaltó sin motivo aparente el edificio de Telefónica en Barcelona, colectivizado espontáneamente por el pueblo catalán. Algo tenían que esconder los órganos comunistas, conversaciones comprometedoras con Moscú quizás, pero lo cierto es que fue la gota definitiva que colmó el vaso de las humillaciones. Anarquistas y comunistas se enzarzaron en una lucha sangrienta e inútil, mientras las tropas de Franco se frotaban las manos ante la destrucción gratuita de sus enemigos.

La represión no terminó ahí. Las checas continuaron, cientos de anarquistas fueron asesinados como vulgares animales, sin más delito que el de pensar diferente. El movimiento libertario entró entonces en un trance, agilizado por la dictadura funesta, del que nunca más ha vuelto a resurgir. La guerra se perdió. Muchos murieron, pero los dirigentes republicanos, aquellos que se habían caracterizado por la pasividad y el institucionalismo consiguieron exiliarse con vida de un país maldito al que habían condenado con su centralismo, sus exclusiones y sus malas decisiones

La hora de la memoria

La historia puede definirse como la ciencia de la memoria , y las instituciones encargadas de elaborarla, estudiarla, conservarla y perpetuarla son historiadores, Academias, Departamentos y Facultades Universitarias. Sin embargo, en ese laberinto memorístico, todos esos elementos se dan de bruces con el aparato judicial, aquel sobre el que descansa el actual Estado de Derecho. Así, resulta imposible cuantificar el número de víctimas del regimen franquista sin excavar en la tierra que el dictador se empeñó en rellenar.

Cientos de familias, unidas o no en asociaciones por la recuperación de la memoria histórica española, consiguieron al fin un halo de esperazna cuando el juez Garzón emitió en un auto sus objetivos, que al menos cumplían los mínimos exigidos por todos aquellos que todavía conservan la esperanza de dar a sus familiares una sepultura decente. Y es que, por extraño que pueda parecerle a algunos, a nadie le resulta gratificador saber que personas con la misma sangre descansan hacinados en algún lugar recóndito que nadie acierta exactamente en precisar.

Sin embargo, el legislativo se mantiene en sus treces una vez más, prolongando ese espinoso pasillo silencioso que la Transición se empeñó en acuñar, perpetuando treinta años más el que fue el objetivo primordial de Franco durante su angustiosa dictadura. Dicho silencio fue necesario, entendido en un proceso ambiguo en el que ninguna de las partes interventoras estaba dispuesta a ceder, y el peligro de una intervención armada del ejército siempre sobrevolaba en medio de una perpetua tensión política e institucional.

Pero esa afonía total presente en la sociedad es totalmente inadmisible, teniendo en cuenta las reivindicaciones de esas centenares de familias, muchos de los componentes las cuales han fallecido sin conocer el paradero de aquellos que tanto lucharon por encontrar. Alegar en estos momentos, tras setenta y dos años, tempranía en el proceso, o el hecho de que se reabrirán heridas, no son más que intentos por ocultar algo por parte de aquellos que tienen alguna cosa que esconder. Abrir las fosas no reabrirá heridas, sino que cerrará aquellas de los que han vivido en vilo durante tantos años, y podrá al final cicatrizar muchas de las agonías de los familiares de las víctimas, convertidos por ende en víctimas de la dejadez de las administraciones durante años y años.

El debate está abierto, hay un juez dispuesto a eliminar las trabas legales que se puedan presentar ante el caso, y, por tanto no hay que desperdiciar una oportunidad que quizás sea la única. Porque ahora es el momento, porque nunca habrá un consenso total en esta España que sigue dividida, y que continuará así hasta que aquellos que se oponen a romper con las trabas del silencio, y que con ello encadenan a la historia y al conocimiento de la humanidad se decidan a hacer justicia otorgando el derecho de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares, caídos por la feroz represión ejercida por un régimen tiránico e ideológico.